Durante la comisión de Seguridad, el PP tumba una moción del socialista Salvador Trujillo, consensuada con los representantes de trabajadores de los cuerpos policial y de bomberos, para “elevar los agentes a la cifra de 1.200 que estima la FEMP, acorde a nuestra ratio de población”, mientras que varias territoriales “se encharcan con cuatro gotas de lluvia y no hay suficientes autoescalas” para el salvamento en altura

El concejal socialista Salvador Trujillo, junto al portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAP), Pedro Pacheco, y el secretario general del SIP-AN, Manuel Troyano, han denunciado la “irresponsabilidad” del Partido Popular tras votar en contra de puntos clave de la moción presentada en el pleno para mejorar la seguridad y la prevención en Málaga, concretamente para el aumento de la plantilla de la Policía Local, ya que en la capital hay 859 agentes pero son necesarios unos 1.200 según estimaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El edil socialista ha lamentado que el PP “haya rechazado instar al refuerzo de plazas en la Policía Local, además de dar luz verde a la convocatoria inmediata de los dos Oferta de Empleo Público”, que traería consigo la creación de otras 50 plazas de este cuerpo armado local. Además, el PP se ha opuesto “a exigir a la Junta que incluya a Málaga en el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática”. Los puntos a los que se ha opuesto el Partido Popular han sido los números 1, 3 y 10. Según Trujillo, “con esta negativa, el alcalde da la espalda a los 600.000 malagueños que necesitan sentirse seguros en sus barrios”, puesto que el socialista también ha propuesto la recuperación del policía de proximidad, “porque su sóla presencia era garantía de seguridad por prevención”.
El concejal ha recordado que Málaga cuenta con 300 policías locales menos de lo recomendado y 200 bomberos menos de lo presupuestado, lo que provoca graves carencias en la seguridad ciudadana. Sobre este último cuerpo, ha manifestado que “se cumplen de ocho años desde que comenzó su huelga indefinida. Ocho años de reivindicaciones ignoradas, de promesas incumplidas, de desprecio institucional. Ocho años en los que el Ayuntamiento ha preferido mirar hacia otro lado mientras nuestros bomberos trabajan sin medios, con vehículos obsoletos, sin protocolos claros para emergencias colectivas, con una plantilla menguante y sin seguridad ni en sus propias instalaciones”.
Pedro Pacheco, portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos, ha recordado precisamente esta huelga indefinida, un conflicto enquistado por el propio Ayuntamiento de Málaga que permite “la falta de efectivos, que ha supuesto el cierre de parques, la desaparición de unidades de rescate y la reducción al 50% de dotaciones en zonas críticas”. Pacheco ha reprochado al PP que “ni siquiera haya apoyado la propuesta de cubrir las vacantes actuales con una oferta de empleo público inmediata”. En la actualidad, el parque de Bomberos de Campanillas, junto al Parque Tecnológico de Andalucía, se encuentra cerrado “a cal y canto” porque no hay dotación de efectivos, pese a los más de 20.000 vecinos residentes en este distrito y los más de 30.000 trabajadores del PTA.
En la misma línea, Manuel Troyano, policía y secretario general del SIP-AN, ha recordado que “Málaga tiene hoy más población y más eventos que nunca, pero menos policías locales que hace 25 años”. Ha señalado que de los 859 agentes, apenas 450 prestan servicio real en las calles, “lo que deja barrios enteros sin cobertura policial”. También alertó de la falta de inversión en instalaciones, “con jefaturas en condiciones deplorables”.
Cambios en la torre del puerto “sin un solo papel”
Durante la misma comisión de Urbanismo y Seguridad, el concejal socialista Mariano Ruiz ha denunciado que el equipo de gobierno del PP “vuelve a bloquear la transparencia”, esta vez a cuenta del proyecto de rascacielos del arquitecto Chipperfield en el Dique de Levante, además de obstruir “la protección de nuestra Farola”. Para los socialistas, la torre del puerto, que es “una de las operaciones urbanísticas más controvertidas de las últimas décadas y más contestadas socialmente en nuestra ciudad, con más de 1.400 alegaciones, no tiene ni un solo papel”.
El edil socialista ha recordado que “han pasado ya seis meses desde que los promotores, acompañados de su nuevo arquitecto estrella, vendieron a bombo y platillo una supuesta nueva propuesta que en realidad se reducía a dos fotomontajes con niebla, unos pinos imposibles sobre la escollera y una maqueta casera, sin un solo estudio, informe o documento técnico detrás. Seis meses sin proyecto, sin informes y con la Autoridad Portuaria reconociendo que no tiene nada preparado. Es un insulto a la ciudadanía y un desprecio total a las instituciones. Hablan de transparencia, pero lo único que vemos es oscurantismo e improvisación”, ha agregado Ruiz.
La iniciativa socialista, tumbada por PP y Vox planteaba cuatro acuerdos muy concretos, que exigen la entregan del proyecto y su exposición pública, con un debate en el Consejo de Administración extraordinario y urgente de Urbanismo; solicitar informes jurídicos y urbanísticos para determinar si los cambios del nuevo diseño obligan a repetir el concurso público y las evaluaciones ambientales, puesto Ruiz “y muchos arquitectos dan por hecho que la altura y basamento van a cambiar con respecto al proyecto original de Seguí”; defender la protección de La Farola como Bien de Interés Cultural, garantizando sus valores históricos y paisajísticos, e instar a la Autoridad Portuaria y al Ayuntamiento a abstenerse de remitir el proyecto a Puertos del Estado en su estado actual.
“El PP ha votado en contra de todas estas propuestas, mostrando una vez más su falta de voluntad para garantizar la transparencia, el rigor y la participación ciudadana en un asunto que afecta al futuro de la ciudad”, ha agregado el concejal socialista.
Ruiz ha advertido de que los cambios introducidos en la nueva versión del rascacielos “no son un simple ajuste de diseño, sino modificaciones sustanciales: más altura, más volumetría, más edificabilidad y un basamento que ya no es discreto, sino una mole acompañada de edificios anexos, un centro de congresos y un centro comercial”. Ante esto, ha subrayado que “la ley es clara: si cambian los elementos esenciales, deben repetirse los informes ambientales y el concurso público”.