Los socialistas presentan dos mociones en la comisión de Derechos Sociales para proponer al Consistorio la vigilancia policial del Albergue Municipal y del Centro de Atención a la Infancia y las Familias donde, según sus trabajadores, han incrementado los casos de amenazas verbales y ataques físicos de usuarios a funcionarios
El Grupo Municipal Socialista ha arrancado al equipo de gobierno el compromiso para que el Ayuntamiento de Málaga “trate de frenar” las amenazas verbales y agresiones físicas a los trabajadores municipales de dos centros públicos “en que se han registrado un incremento estos asaltos, el albergue municipal y el Centro de Atención a la Infancia y las Familias. También ha conseguido el compromiso municipal para establecer un marco de coordinación entre administraciones para prevenir el consumo de drogas entre la población más joven de la ciudad.
Así ha quedado patente durante la comisión de Derechos Sociales, celebrada este jueves en el Ayuntamiento, con moción de los socialistas Carmen Martín, en el caso de la seguridad en centros municipales, y de Pablo Orellana, sobre la prevención del consumo de estupefacientes. La primera ha salido adelante en sus puntos 1, 3 y 4 por unanimidad, para que el Consistorio arregle las cámaras de videovigilancia y suministre botones de pánico en los edificios municipales donde se suelen registrar conflictos entre usuarios y funcionarios, pero el PP ha tumbado el punto que pedía el incremento de recursos económicos para aumentar la plantilla en labores de vigilancia. Martín, que ha firmado y defendido la moción, ha expresado que “hay empleados municipales que trabajan con miedo a agresiones”.
Según Martín, responsable de Recursos Humanos en el grupo socialista, “no existe vigilancia policial presencial permanente durante el horario que están abiertos al público ni el de atención a familias”. Estas agresiones, además, llegan a “un nutrido número de trabajadores del área de Derechos Sociales, que son quienes dan la cara en primera persona, que se sienten desamparados mientras que el equipo de gobierno no hace absolutamente nada”. La socialista ha recordado que “las cámaras de videovigilancia llevan estropeadas mucho tiempo y tampoco es excusa la falta de plantilla de Policía Local. No tiene sentido que un centro que antes estaba protegido las 24 horas por la Policía Local, ahora se encuentre sin protección policial”, ha zanjado por su parte.
El concejal socialista Pablo Orellana ha sacado adelante un acuerdo para instar al Ayuntamiento de Málaga y a todas las administraciones públicas “a reconocer la problemática del consumo de droga entre la juventud, a intensificar la sensibilización y la formación y potenciar los factores de protección frente al consumo de drogas e intensificando la oferta de ocio saludable y los espacios seguros”.
Según el socialista, “en la actualidad el consumo de sustancias ilegales en España es un fenómeno asociado al ocio, que afecta especialmente a jóvenes que toman por diversión sustancias psicoactivas, cuyos riesgos no perciben. Cannabis, cocaína y éxtasis son por este orden las sustancias ilegales más ingeridas. El empleo de cannabis y cocaína se ha incrementado sobre todo en el sector más joven de la población”, incluida la malagueña según un reciente informe anual del Observatorio Español de Drogas y Adicciones. Este estudio destaca que el cannabis es la droga ilegal con mayor prevalencia de consumo en nuestro país.