Los socialistas advierten de que las estas viviendas protegidas del sector Universidad en la parcela R3 “cierran la puerta a quienes cobran poco más del salario mínimo, con ingresos inferiores a los 25.000 euros, mientras dan facilidades a rentas de hasta 71.000 euros”
El Grupo Municipal Socialista ha advertido que las condiciones para acceder a la convocatoria de adjudicación de 62 VPO en régimen de alquiler en la parcela R-3 de la zona Universidad (SUP T.8), gestionadas por la promotora privada Lagoom Living, “son totalmente excluyentes y elitistas”. Así lo han manifestado el portavoz socialista en el consistorio, Daniel Pérez, y la concejala responsable de Vivienda, Carmen Martín, en una atención a medios de comunicación tras analizar el pliego técnico publicado el pasado miércoles.
Para el portavoz socialista, Daniel Pérez, el modelo de vivienda del equipo de gobierno “ha pervertido por completo el concepto de protección oficial” tras contemplar los requisitos publicados, que exigen “ingresos mínimos de 25.000 euros anuales, alejando a quienes perciben salarios cercanos al mínimo interprofesional”, pero “permiten el acceso a familias con rentas altísimas”, de hasta 71.000 euros en el caso de las viviendas de tres habitaciones, puesto que el pliego técnico recoge “que se pueden presentar personas que tengan rentas de hasta el 5,5 del IPREM”. Así, familias o trabajadores con rentas de hasta 71.000 euros podrán optar a estas viviendas que se alquilarán por entre 545 y 743 euros.
De esta manera, según Pérez, “el Ayuntamiento le da la espalda a quien más lo necesita, a los jóvenes y a la mayoría de las familias malagueñas”, atendiendo a que según el INE el salario medio en la ciudad se sitúa en los 23.000 euros brutos. Además, si nos fijamos en la población más vulnerable, que “es la que debería beneficiarse principalmente de estos alquileres en VPO”, los distritos de Palma-Palmilla y Cruz de Humilladero cuentan con los salarios más bajos, apenas 11.500 euros netos al año.
El líder socialista en el consistorio ha calificado “la política de vivienda del alcalde, Paco de la Torre, como muy deficiente”, recordando que la especulación ha provocado que “50.000 malagueños hayan tenido que abandonar la ciudad en los últimos años. La situación es tan dramática que no se arregla con paños calientes. Hace falta intervenir en el mercado y que el Ayuntamiento deje de poner la alfombra roja a la especulación en Málaga”, ha zanjado por su parte.
Por su parte, la concejala Carmen Martín ha puesto el foco en “el muro insalvable” que suponen estas bases, cuestionándose “cuántos jóvenes menores de 35 años cobran más de 25.000 euros en Málaga para poder acceder a un piso de un dormitorio”, cifra que asciende a 34.600 euros para los de tres y cuatro habitaciones. Martín ha extendido la responsabilidad al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien acusa de agravar la crisis habitacional mediante “recientes decretos de simplificación que, camuflados en un batiburrillo con sanidad y educación, lo que han hecho ha sido subir el precio de la VPO y los ingresos necesarios para acceder a ellas”, por lo que se permite a Lagoom Living poner como techo un IPREM del 5,5, por lo que “estas viviendas, pese a ser protegidas y público-privadas, están pensadas para rentas altas y dejan fuera a la mayoría de jóvenes que se quieren emancipar”.
Además, la edil ha denunciado dos aspectos críticos en la gestión de estas políticas. Por un lado, “los fondos sin ejecutar. No se entiende que Juanma Moreno haya dejado casi 1.000 millones de euros del Gobierno de España para políticas de vivienda sin ejecutar, con el drama habitacional que tenemos en nuestra ciudad, y que se niegue a aplicar la ley estatal en zonas tensionadas que sí está bajando los precios en otros municipios”. Por otro lado, ha criticado la privatización del proceso, ya que ha alertado “del peligro que supone dejar el proceso de selección en manos de la promotora privada”. Se están dejando en manos de las promotoras las adjudicaciones “sin ningún tipo de control ni transparencia”, ha advertido Martín, recordando “la temeridad de ceder información sensible como dictámenes de discapacidad o datos tributarios a una empresa”.
Finalmente, la responsable socialista en el área municipal de Vivienda se ha dirigido también al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, “porque es el competente en vivienda. Anunciar 62 viviendas con estos precios inalcanzables no es una solución, es una burla a las miles de familias y jóvenes malagueños que no llegan a fin de mes”, ha concluido Martín.