Los socialistas llevan al pleno de este jueves una moción para exigir el refuerzo urgente de atención a la diversidad en las aulas. “No se puede garantizar la inclusión con 15 minutos de atención a la semana por la falta de profesionales y recortes cada vez más preocupantes”, ha expresado Daniel Pérez, portavoz socialista
El Grupo Municipal Socialista llevará al pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Málaga una moción ordinaria que se debatirá en el próximo pleno del jueves, con la que exige al Gobierno andaluz de Juanma Moreno “un refuerzo urgente de la atención a la diversidad en los colegios públicos”. La moción la han presentado esta mañana el portavoz socialista, Daniel Pérez, y el concejal socialista Rubén Viruel, junto a madres de alumnos con necesidades especiales, además de representantes de la plataforma Neurodiverso Málaga y de las áreas de Educación de los sindicatos USTEA y CGT.
Pérez ha señalado que Moreno Bonilla, “con sus recortes sistemáticos está desmantelando la educación pública en Málaga”. Ha enumerado que “se han cerrado líneas, aulas y hasta colegios. El modelo de Moreno Bonilla copia el de Ayuso en Madrid, con una privatización encubierta que debilita el sistema público”. Pérez ha denunciado que desde que gobierna el Partido Popular en la Junta, el retroceso es evidente, puesto que “más de 3.000 unidades educativas se han perdido en Andalucía en los últimos siete años. Solo en este curso, se han eliminado más de 500 en toda la comunidad, y 106 de ellas solo en la provincia de Málaga. Estas cifras no son solo números: son clases menos, oportunidades menos y recursos que se desvían a otros intereses”.
Sobre el caso concreto de la atención a la diversidad, “estamos hablando de 150.000 niños y niñas en Andalucía que requieren atención específica: 100.000 con necesidades educativas especiales y otros 50.000 con necesidades de apoyo educativo. Son el 10 % del alumnado en la educación pública. Y sin embargo, no tienen los profesionales que necesitan, ni la atención adecuada. ¿Cómo se puede hablar de inclusión cuando hay menores que reciben 15 minutos semanales de apoyo?”.
Pérez ha pedido además al regidor malagueño, Francisco de la Torre, “que no se lave las manos ni mire hacia otro lado”, porque “Málaga tiene la responsabilidad de garantizar que los colegios públicos estén en condiciones adecuadas. Exigimos al Ayuntamiento que cumpla con su parte: mantenimiento, infraestructuras y colaboración real. Hablar de educación pública es hablar de calidad, de recursos, de igualdad de oportunidades, y no de parcheos”.
“No estamos en contra de la educación concertada “, ha añadido Daniel Pérez, “pero no puede ser que mientras se cierra una línea pública, se abra una privada. Eso no es libertad de elección, eso es una estrategia ideológica de desmantelamiento de lo público. Y lo denunciamos alto y claro, con el respaldo de las familias que hoy están aquí, que son quienes viven en primera persona las consecuencias de esta política”.
Por su parte, el responsable de Educación en el grupo municipal socialista, Rubén Viruel, ha manifestado que “la atención a la diversidad está siendo maltratada. Este curso se perderán otras 106 unidades escolares en Málaga. Se necesitan más PT (Pedagogía Terapéutica), AL (Audición y Lenguaje), orientadores y técnicos. No se puede hablar de inclusión cuando los recursos no llegan. El 10% del alumnado andaluz necesita apoyo específico, y está siendo ignorado”.
Viruel ha denunciado además la sobrecarga del personal especializado. “Los profesionales de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, los intérpretes de lengua de signos, los técnicos de integración social o los orientadores escolares están desbordados. Las ratios se disparan a más de 50 o 60 alumnos por profesional, lo que significa que hay niños que reciben apenas 15 o 20 minutos de atención a la semana. Eso no es inclusión, es abandono”, ha zanjado por su parte
Sandra Bautista, representante de la plataforma Neurodiverso Málaga, ha advertido que “no se puede garantizar la inclusión con 15 minutos de atención a la semana. Queremos que nuestros hijos estén en colegios adaptados, con personal cualificado y estabilidad. No queremos caridad ni subvenciones: queremos derechos, y eso empieza por una educación digna hoy, no mañana”. Bautista ha denunciado también la hipocresía institucional respecto a la conciliación.
“Nos dicen que la conciliación está garantizada, pero ¿de qué sirve un aula matinal si no hay nadie que pueda atender adecuadamente a nuestros hijos? Las familias neurotípicas pueden dejar a sus hijos en el colegio tranquilas. Nosotras vivimos con el móvil en la mano, esperando una llamada porque no hay personal, porque ha pasado algo, porque nadie puede atender a nuestro hijo. No podemos trabajar. No podemos vivir con tranquilidad. Esta situación genera ansiedad, estrés y exclusión social para nuestras familias”.
Bautista ha exclamado que las familias “no quieren lismosnas, no queremos paguitas. Lo que queremos es inversión hoy, mientras nuestros hijos están en edad de aprender. Si no se riegan ahora, si no se invierte en ellos hoy, mañana solo quedarán parches. No pedimos privilegios, pedimos justicia”.
Gema Ávila, madre de una niña con síndrome de Down, ha puesto el foco en la mala gestión de los recursos especialmente en la atención educativa a menores con discapacidad. “Aunque aumenten los presupuestos, no se refleja en las aulas. Los profesionales no dan abasto. Queremos que nuestros hijos tengan un futuro con oportunidades reales, no vivir de subsidios. Necesitan una educación de calidad ahora, para tener una vida con dignidad después. En el caso de mi hija, el apoyo de un ILSE o un PT no es opcional, es vital para su desarrollo”.
Desde el ámbito sindical, José Manuel López, corresponsable de USTEA Enseñanza Málaga, ha recordado que ya se han eliminado más de 2.600 aulas públicas en Andalucía. Por eso, “la educación inclusiva no puede ser solo un eslogan. Los PT y AL tienen ratios imposibles de gestionar, hasta 60 alumnos, lo que supone menos de 20 minutos por niño. Eso no es atención, sino abandono. Sin recursos, no hay inclusión. Y además, exigimos que el personal de apoyo no sea externalizado: deben ser trabajadores públicos, no subcontratados con sueldos precarios”.
José Julio Izquierdo, representante de CGT Educación Málaga, ha arrancado su intervención en rueda de prensa haciendo un llamamiento a la equidad. “La equidad no significa que unos estén mejor a costa de otros. Significa que todos tengan lo necesario para estar bien. Invertir en los niños con necesidades educativas especiales no es un gasto, es una inversión en el futuro de la sociedad. No podemos seguir viendo cómo se hace negocio con la educación pública mientras los profesionales cobran menos de 1.000 euros y se mueven sin estabilidad”. Para Izquierdo, este modelo “privatizador” se debe a la lógica mercantilista del Partido Popular en la Junta de Andalucía. “El PP está convirtiendo la atención a la diversidad en un negocio”, ha zanjado.