Los socialistas solicitan que se proporcionen los temarios adaptados y con lectura fácil para todas aquellas personas con discapacidad funcional que quieran presentarse a los procesos selectivos de la Administración Local con una simplificación del número de temas, además de que se disponga de un enlace directo de fácil acceso a las convocatorias de oferta de empleo, la exención del pago de las tasas o a posibilitar el proceso para el pago de las mismas y aplicar la ley andaluza a la hora de las futuras convocatorias
La concejala socialista Carmen Martín pide al equipo de gobierno que se facilite a las personas con diversidad intelectual en los procesos selectivos del Ayuntamiento de Málaga. “Así lo haremos a través de una iniciativa en la próxima comisión de Economía donde solicitaremos que se proporcionen los temarios adaptados y con lectura fácil para todas aquellas personas con discapacidad funcional que quieran presentarse a los procesos selectivos de la Administración Local, con una simplificación del número de temas, además de que se disponga de un enlace directo de fácil acceso a las convocatorias de oferta de empleo, la exención del pago de las tasas o a posibilitar el proceso para el pago de las mismas y aplicar la ley andaluza a la hora de las futuras convocatorias”.
“Las personas y la sociedad tienen valores que están recogidos en las leyes de un país, y la Administración Pública tiene que aceptar y defender los valores de los españoles, que están expresados en las leyes. Dentro de la Constitución Española se recoge el Artículo 14, donde recoge que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, explica la concejala socialista.
Por otro lado, el artículo 49 señala que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, las instituciones deben proteger a las personas con discapacidad y tomar decisiones para que puedan disfrutar todos sus derechos, estar incluidos en la sociedad y mejorar la situación de sus vidas. Y por ende el Gobierno y las Administraciones deben respetar la dignidad de las personas, la autonomía y su independencia”, expresa la concejala Martín.
Según Martín, “la Ley 6/2022 de 31 de marzo de modificación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, establece y regula la accesibilidad cognitiva. Entre los cambios que se recogen en esta nueva ley podemos destacar la inclusión del lenguaje sencillo o lectura fácil en todas las instalaciones abiertas al público y garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos en nuestro país de todas las personas con discapacidad Intelectual”, señala la concejala.
Además, “las Comunidades Autónomas también aprueban leyes específicas para las personas con discapacidad. En Andalucía tenemos la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Esta ley reconoce los mismos derechos a las personas con discapacidad que al resto de la población y dirige sus actuaciones para conseguir la accesibilidad universal, dando los apoyos necesarios para una vida independiente de estas personas con discapacidad. Por otro lado, el Estatuto de Autonomía de Andalucía tiene varios artículos en los que se habla de las personas con discapacidad reconociendo que estas personas tienen derecho a ayudas y servicios para su desarrollo personal y social, donde los poderes públicos están obligados a que se cumplan las reservas de empleo, ya que es la obligación que tienen algunas empresas y las administraciones públicas para la provisión de puestos de trabajo para personas con discapacidad”, especifica Martín.
En lo referente al acceso al empleo público “nuestra ley andaluza 4/2017 en su artículo 28 establece, de conformidad con el marco normativo estatal, la reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal de un cupo no inferior al 10 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, reservando dentro del mismo un porcentaje específico del 2 por ciento para personas con discapacidad intelectual, y un 1 por ciento para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. Así mismo, en caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas deberán acumularse para ofertas posteriores con el límite del 10 por ciento”, aclara la edil del PSOE.
“El Ayuntamiento de Málaga recoge dentro de su página web, en el apartado órganos de Participación y Accesibilidad, promover medidas para el desarrollo de una sociedad inclusiva, accesible y participativa que permita a las personas con discapacidad alcanzar el pleno desarrollo de sus capacidades en igualdad de oportunidades y no discriminación. Pero últimamente, nos ha llegado a través de personas que quieren optar a diferentes convocatorias de empleo público de este ayuntamiento numerosas quejas relacionadas con las bases de estas convocatorias, ya que no se cumple la normativa, ni la ley. No se contempla la información de las convocatorias en lectura fácil, así como para la inscripción a estas ofertas de empleo, además del problema del pago de las tasas que se genera por lo complicado del proceso. Igualmente, este Ayuntamiento debe facilitar los temarios adaptados para todas aquellas personas con diversidad funcional intelectual, y equiparar cuanto menos, el número de temas a la hora de los exámenes, cuando se trate de la misma categoría profesional”, añade Martín.
Por otro parte, “sería conveniente que se tuviera en cuenta, en la medida de lo posible, las fechas de convocatoria de esta administración local para estas personas, evitando que coincidan con las convocatorias de la Administración General ni de la Junta de Andalucía, con el fin de que no tengan que renunciar a ninguna de ellas al tener pocas opciones, dado el escaso número de plazas que se ofertan. Además, entendemos que se debería aplicar la ley autonómica que supone un 10 por ciento de las plazas que se convocan en lugar de la ley estatal que es un 2 por ciento dado las pocas plazas que salen en las convocatorias para personas con diversidad funcional intelectual”, relata la edil del PSOE.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista solicitamos al equipo de gobierno que “faciliten el acceso al colectivo de personas con discapacidad intelectual a nuestra Administración Local a través de un temario adaptado de lectura fácil de las plazas reservadas a las personas con discapacidad intelectual, que las convocatorias para dichos procesos estén publicadas en lectura fácil, que se aporten enlaces directos para poder cumplimentar las solicitudes de inscripción en la sede electrónica, que las tasas por derecho de examen sean gratuitas o se facilite el proceso para el pago de las mismas y que tengan una reducción en el número de temas con respecto a los temas exigidos para personas que no tienen dificultad cognitiva, ya que es un colectivo con necesidades específicas y precisan de temarios específicos, por una obligación moral, pero también por una obligación legal”, finaliza.