Los socialistas cuestionan la legalidad del patrocinio concedido por Promálaga a una entidad vinculada laboralmente a la edil del PP, con la que se encuentra en situación de excedencia, a la vez que exigen “claridad” en la gestión municipal
El Grupo Municipal Socialista ha registrado una solicitud formal ante la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Málaga para que se emita un informe sobre una posible situación de incompatibilidad que podría afectar a la concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda.
La solicitud, amparada en el artículo 58 del Reglamento Orgánico del Pleno, ha sido impulsada por un tercio de los concejales del Ayuntamiento, quienes ejercen su derecho de control y fiscalización. “El motivo de esta iniciativa radica en el patrocinio de 99.200 euros concedido al evento Observatorio de la Cultura, organizado por la Fundación Contemporánea, entidad en la que la concejala fue directora y en la que actualmente figura como trabajadora en excedencia”, asegura el portavoz socialista, Daniel Pérez.
El expediente vinculado a esta subvención fue tramitado a través del holding municipal Promálaga, lo que ha suscitado “preocupaciones” sobre el cumplimiento de la normativa de incompatibilidades y la obligación de abstención contempladas en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 53/1984 sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. “Todo hace entrever que han usado esa empresa pública para sortear las incompatibilidades usando esta empresa como un cajón de sastre”, sostiene el edil del PSOE.
De esta forma, Pérez ha manifestado que esta actuación busca “garantizar la transparencia y asegurar que no se produzcan irregularidades en la gestión de los recursos públicos”. El edil socialista ha subrayado que “es esencial que las instituciones municipales actúen siempre de acuerdo a los principios de legalidad y ética pública”.
El informe solicitado deberá analizar si la participación directa o indirecta de la concejala en este proceso podría haber vulnerado la legislación vigente, además de ofrecer recomendaciones sobre las actuaciones a seguir en caso de confirmarse el conflicto de intereses.