Málaga capital es ya la tercera gran urbe de España con mayor presión de fraude turístico por habitante, duplicando la tasa de Madrid, mientras el PP recurre a Europa para proteger a los especuladores
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, ha exigido hoy al alcalde Francisco de la Torre que «deje de boicotear la Ley de Vivienda» y colabore de inmediato con el Ministerio de Vivienda para el precinto de los 1.845 pisos turísticos ilegales detectados en la capital, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de la Vivienda. Pérez ha valorado la actuación del Gobierno central, que ha solicitado la retirada de 21.872 anuncios fraudulentos en toda Andalucía, como «la única medida real y efectiva que se ha puesto sobre la mesa frente a la pasividad cómplice del Ayuntamiento y la Junta». Y, precisamente, Pérez ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que preste su colaboración “exigiendo a las plataformas de alquiler la retirada de estos 1.845 pisos turísticos ilegales”.
«Ha tenido que venir el Ministerio de Vivienda desde Madrid a poner orden en el caos que el Partido Popular ha creado en Málaga», ha declarado Pérez. El líder socialista ha calificado de «insulto a los malagueños» la reacción de la Junta de Andalucía, que en lugar de actuar contra los infractores, ha acudido a Europa contra el Registro Único estatal que ha promovido el gobierno de Pedro Sánchez. «Moreno Bonilla y De la Torre se gastan el dinero de los contribuyentes en pleitos para defender a quien incumple la ley, en lugar de defender a los vecinos que no pueden pagar el alquiler. Han puesto una alfombra roja a la especulación y ahora intentan frenar a quien quiere levantarla», ha agregado.
El portavoz socialista ha mostrado gráficas con datos cruzados del Instituto Nacional de Estadística, del Padrón Municipal, del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de la ciudad de Málaga y del Registro de Alojamientos Turísticos de la Junta. Con ellos, ha advertido de que la ciudad de Málaga “está en el podio de la presión turística ilegal”. Según los datos cruzados del Ministerio y el censo, Málaga capital se sitúa como la tercera gran ciudad con mayor densidad de pisos turísticos ilegales por habitante, con una tasa de 31,5 viviendas fraudulentas por cada 10.000 vecinos, una cifra que prácticamente duplica la presión que sufre Madrid (16,0) y supera a Barcelona.
A esto hay que sumar que la ciudad roza las 13.000 viviendas turísticas con casi 600.000 habitantes, mientras que la ciudad condal, “con más de dos millones de empadronados, tiene 8.000 pisos turísticos”, ha explicado el líder socialista. «Si miramos a la provincia, la situación es dramática, con Marbella liderando el ranking nacional de la vergüenza con casi 3.000 pisos ilegales. Esto no es turismo, es una depredación del derecho a la vivienda permitida por la inacción del PP», ha señalado Pérez.
El portavoz de los socialistas en el consistorio de la capital ha puesto también el foco en la gravedad de los datos cuando se analizan en relación con la población. «El PP intenta diluir su responsabilidad comparándonos con Madrid o Barcelona en cifras absolutas, pero la realidad es mucho más asfixiante», ha explicado. El socialista ha advertido en la atención a medios de que estos 1.845 pisos ilegales en la capital son solo «la punta del iceberg» de un modelo fallido. Pérez ha recordado que el crecimiento de viviendas turísticas en la ciudad ha sido exponencial, pasando de apenas 2.000 en 2016 a rozar las 13.000 en la actualidad, muchas de ellas registradas bajo el «efecto llamada» provocado por los falsos anuncios de regulación del alcalde.
«Cada piso turístico ilegal es un hogar robado a una familia malagueña», ha subrayado el edil del PSOE, quien ha instado al equipo de gobierno a abandonar la vía judicial contra el Gobierno y centrarse en las soluciones. «De la Torre tiene dos opciones. O seguir siendo el abogado defensor de los especuladores recurriendo a Europa, o ponerse del lado de los malagueños, aplicar la Ley de Vivienda y declarar Málaga como Zona Tensionada para topar precios y prohibir definitivamente nuevas licencias», el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga.