Pérez (PSOE): “No es momento de subir impuestos ni aumentar la zona azul, sino de aplicar mayores tasas a los grandes tenedores de viviendas”

El portavoz socialista advierte al alcalde de Málaga que “la salida de la crisis sanitaria no pasa por exponer a las familias malagueñas a otro nuevo atraco con la implantación del pago por estacionamiento en nuevas zonas residenciales, y le propone al regidor gravar a los fondos buitre, para recuperar la función social de la vivienda

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, “que deje de castigar a las familias subiendo tasas como la del transporte y ahora implantando nuevos tramos de zona azul” y que si quiere gravar, “lo haga a los grandes tenedores de inmuebles de la ciudad, como los fondos buitre, para recuperar la función social de la vivienda”. Durante una rueda de prensa en compañía de la concejala Alicia Murillo, el líder socialista ha recriminado a De la Torre “por querer sufragar operaciones como la compra del concejal Juan Cassá por 93.000 euros y el pago de más de un millón de euros en nóminas de los nuevos 23 cargos de confianza, puestos a dedo por el PP, implantando la zona azul por el estacionamiento en los alrededores del Hospital Civil y en las avenidas de Fátima, La Aurora y Las Américas”.

Daniel Pérez ha informado que “la última ocurrencia del alcalde ya tiene respuestas muy negativas en las redes sociales”. De hecho, los ciudadanos califican esta implantación de nuevos tramos de zona azul “como un atraco a mano armada, el impuesto de la vergüenza, una gran mentira que los vecinos de Cruz de Humilladero consiguieron frenar y un castigo para las familias que viven en los barrios”. Pérez ha insistido en que “subir los impuestos ahora no es buena idea, puesto que muchas personas lo están pasando mal por la crisis económica derivada del COVID19” y que el regidor “debería preocuparse más en aumentar el parque de viviendas para el alquiler a precios asequibles que en tasar a los malagueños por querer aparcar su coche en la calle”.

El portavoz socialista ha propuesto la recuperación de la función social de la vivienda en Málaga, una de las capitales españolas con los precios del alquiler más elevado según los principales portales inmobiliarios. Vivir en la ciudad cuesta un 30% más que la media nacional. “Debemos paralizar la subida de impuestos a la gente humilde, a la mayoría de la ciudadanía, y aplicarlos a aquellos grandes tenedores de viviendas, como los fondos buitre que especulan con los domicilios por mantienen la persiana baja en 11.000 casas y pisos de nuestra localidad, cuando más de 21.000 familias demandan un hogar en el que residir”, ha agregado el socialista.

De hecho, el grupo municipal del PSOE ha pedido en reiteradas ocasiones al equipo de gobierno “que centre sus esfuerzos en la creación de este parque público para ponerlo a disposición de las familias a precios asequibles”. Además, Daniel Pérez ha señalado otras iniciativas de su grupo durante la presente legislatura, como instar al Ayuntamiento de Málaga a “que haga uso del Derecho de Tanteo y Retracto en los desahucios, para que el consistorio compre el inmueble y lo ceda al antiguo inquilino mediante un alquiler social. No debemos permitir que en plena crisis sanitaria, ni en ningún momento, las familias se queden en la calle”.

Propuestas socialistas en materia de vivienda

Por su parte, la concejala socialista Alicia Murillo, recuerda la propuesta socialista propuso para crear “una bolsa de mediación de viviendas en régimen de alquiler y bonificaciones del IBI para viviendas de alquiler social.” Además, este grupo municipal presentó hace escasas semanas la propuesta de un Plan de Recuperación Social de Viviendas Turísticas para su conversión en Viviendas de Alquiler de Larga Duración. “Debemos aprovechar la coyuntura social y económica actual para dar estabilidad a quien necesita una vivienda, y también a quien la tiene pero no se fía de alquilarla en larga duración”.

Este consistorio tiene la posibilidad de garantizar pagos y hacer atractiva la adhesión a dicho plan con medidas de carácter fiscal”. En la capital malagueña, “en el mes de julio de 2019 había cerca de 5.000 alojamientos turísticos registrados, y se estiman más de 9.700 ilegales que operan a través de plataformas de internet”, según datos recabados por Alicia Murillo de portales inmobiliarios. “Estas viviendas que ahora no se van a alquiler adquieren un gran protagonismo en este momento, con más de 21.000 familias demandantes de un domicilio”.

Tener un parque de viviendas cerradas “lo consideramos una patología, una anomalía de nuestra sociedad que hay que corregir”, ha agregado la concejala socialista. “Por eso, pretendemos poner coto a la especulación inmobiliaria que sube los precios del alquiler en la ciudad con esta medida correctora”. Para la concejala del PSOE, medidas como este recargo “son necesarias para dar una vida útil a las viviendas que no abren su puerta desde hace años”. La edil ha informado, con datos del mapeo sobre los precios de los alquileres del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) “que el precio de la vivienda en nuestra ciudad se ha incrementado un 33% desde el año 2015. Y por otro el Índice de Precios de Alquiler elaborado por el Gobierno, que indica que la provincia de Málaga encabeza la subida del alquiler en España”, ha desvelado Murillo.

 Qué es un inmueble desocupado

Respecto a la definición de inmueble desocupado con carácter permanente en ese mismo artículo 72 se dice “A estos efectos tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter permanente aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se establezca en la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley, y conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza fiscal”. Así lo ha informado, por su parte, la responsable del área de Vivienda en el Grupo Municipal Socialista, Alicia Murillo. Es más, según la Ley de la Función Social de la Vivienda, “se presume que un inmueble no está habitado cuando, contemplada en el ordenamiento jurídico su uso residencial, no cuenta con contrato de suministro de agua o de electricidad, por ejemplo”, ha agregado Murillo. 

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