El concejal socialista Jorge Quero valora cambios propuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para limitar la actividad de las VTC, recordando que “desde nuestro grupo municipal llevamos casi dos años pidiendo a Moreno Bonilla que restrinja los coches de Uber y Cabify ante el hundimiento del sector profesional del transporte de viajeros”, un gesto aplaudido por las organizaciones de taxistas de la Costa del Sol
El concejal responsable del área de Movilidad en el grupo socialista, Jorge Quero, ha valorado “la apuesta del Gobierno central por el sector del taxi al proponer la creación de una nueva ley que restringirá la actividad de los VTC”, vehículos con conductor que “están haciendo la vida imposible al sector del taxi”. A finales de noviembre de 2020, Quero pidió tanto al Ayuntamiento de Málaga como a la Junta de Andalucía “luchar contra la competencia desleal de los traslados considerados ilegales y contra el incumplimiento de la regla 1 VTC por 30 taxistas autorizados”, además de promocionar su imagen como medio seguro de transporte frente al COVID19 y una línea de ayudas para apoyarles. Sin embargo, “esto quedó en una declaración de intenciones por parte de ambas administraciones”.
Por esto, “el paso que ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez para dar respuestas reales al sector del taxi muestra la implicación de los socialistas con las 1.800 familias que viven del taxi en Málaga”, que sufrieron pérdidas de hasta el 85% por la falta de turistas durante los meses más duros de la pandemia. Ahora, tras introducir PSOE y Podemos una enmienda en el proyecto de ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones, “se dará cobertura legal a Andalucía para poner en práctica lo que ya hacen las comunidades valenciana y catalana”, restringir la actividad de empresa como Uber y Cabify con un número clausus de VTC por licencias de taxi. “Estas reivindicaciones del taxi, que se reclaman desde hace años a la Junta de Andalucía, finalmente serán atendidas por el Gobierno central”, ha insistido el concejal socialista Jorge Quero.
Con la nueva ley “se controlará que los servicios ejecutados por las VTC sean concertados previamente a tras de las aplicaciones de móviles, con viajes contratados de antemano, para evitar la captación en la vía pública. Además, los coches de las VTC serán correctamente identificados”. De esta forma, “se dejará de castigar a un sector que lo ha pasado francamente mal durante la pandemia, que tiene que echar muchas horas fuera de casa para conseguir un sueldo razonable”. Jorge Quero ha mostrado estos datos: “una licencia de taxi en Málaga trabaja una media de 11 horas diarias para facturar 38.000 euros, para dejar en casa un salario medio de 21.000 euros anuales después de descontar los gastos de explotación, mantenimiento, seguros, neumáticos e impuestos”.
Sobre el papel del Ayuntamiento, el concejal socialista recuerda que “queda sobre la mesa una ayuda directa al sector de 400.000 euros, uno de los puntos acordados entre PSOE y PP tras el cual los socialistas dieron la abstención al presupuesto municipal de 2021. “Es momento de cumplir las promesas, las familias no pueden esperar más”, ha espetado el edil al alcalde, Francisco de la Torre.
Por su parte, el taxista Pedro Ruiz ha actuado como portavoz de las asociaciones Taxi Unión, AMATA, Élite Costa del Sol, AUMAT y el grupo de movilizaciones dell sector en la provincia de Málaga. “Las medidas que se han incorporado al proyecto de ley por parte del Gobierno central las vemos como muy positivas, porque se penalizarán duramente infracciones como la de captar a clientes en la vía pública sin cumplir con el tiempo de precontratación mínimo”. También consideran positivo “que se considere infracción grave el incumplimiento de los itinerarios y los horarios de la prestación del servicio del VTC y que se obligue a los vehículos de estas plataformas digitales, Uber y Cabify, a identificar los coches”.
Ruiz asegura que “estas reivindicaciones las hacemos en el sector del taxi desde hace muchos años y al fin se ha tomado la iniciativa desde el Gobierno central, porque tanto ayuntamientos como la comunidad autónoma siempre se han pasado la pelota de la vigilancia y control de la actividad de los VTC”. También, el portavoz de los autónomos del taxi asegura que “si se unifican criterios y se exige documentación a los conductores de los VTC, se garantiza un servicio seguro para sus clientes y, en nuestro caso, ganamos en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, como hemos reclamado desde la irrupción en el mercado de estas multinacionales del transporte de viajeros”, ha añadido Pedro Ruiz.